Beneficiario Controlador: la nueva obligación para tu negocio
Se presenta una reforma importante a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), aún en proceso de aprobación, que modifica la definición y regulación del Beneficiario Controlador (BC). Esta actualización busca fortalecer la transparencia y alinear la legislación mexicana con estándares internacionales, como los del GAFI.
La reforma aclara que el Beneficiario Controlador debe ser siempre una persona física, evitando confusiones donde personas morales pudieran ser consideradas BC indirectamente. Esto es clave para combatir estructuras fiduciarias o interpuestas que ocultan a los verdaderos beneficiarios reales.
Además, se establece un umbral claro del 25% de control efectivo sobre una persona moral para identificar al BC. Este porcentaje, común a nivel global, se aplica cuando una persona o grupo mantiene derechos de voto o control sobre más del 25% del capital social. Esto armoniza la LFPIORPI con el Código Fiscal de la Federación y las reglas del SAT.
La reforma también amplía la obligación de identificar al BC incluso cuando no exista una relación directa con actividades vulnerables, facilitando así investigaciones financieras más efectivas contra simulación y evasión.
Recomendaciones para prepararse
- Auditoría interna para identificar Beneficiarios Controladores actuales.
Revisar las estructuras corporativas y fideicomisos para detectar posibles omisiones o inconsistencias con la nueva definición. - Capacitación especializada para responsables de cumplimiento.
Actualizar conocimientos sobre las modificaciones legales y los procedimientos para cumplir con las obligaciones. - Implementar sistemas tecnológicos adecuados.
Utilizar plataformas que permitan registrar y conservar electrónicamente la información requerida, garantizando confidencialidad y accesibilidad ante requerimientos oficiales. - Asesoría legal continua.
Consultar expertos en derecho corporativo y financiero para interpretar correctamente las reformas y adaptar los controles conforme evolucione el marco normativo.
En resumen, esta reforma fortalecerá las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México, aumentando la responsabilidad de las empresas para identificar con precisión a sus beneficiarios reales.
