Reforma LFPIORPI 2025: Efectos y Claves en el Sector Inmobiliario
La próxima reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) incluye definiciones y disposiciones clave que afectan directamente al sector inmobiliario, considerado de alto riesgo para lavado de dinero por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se define claramente el concepto de “Desarrollo Inmobiliario” como proyectos para construcción o fraccionamiento de lotes destinados a venta o renta. Esta precisión permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a los sujetos obligados aplicar criterios específicos de evaluación de riesgo y debida diligencia, alineándose con las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, que regulan actividades no financieras vulnerables.
El GAFI identifica riesgos relevantes en el sector inmobiliario, tales como:
- Uso de empresas, fachada o estructuras complejas para ocultar beneficiarios reales.
- Transferencias internacionales que facilitan movimientos ilícitos.
- Pagos en efectivo o mediante terceros, que dificultan la trazabilidad.
Adicionalmente, la reforma menciona explícitamente las actividades auxiliares de crédito dentro de las entidades financieras sujetas a regulación, ampliando el alcance de supervisión.
Por último, se incorpora una definición clara y directa del financiamiento al terrorismo, referida al Código Penal Federal, fortaleciendo el marco legal para combatir este delito.
Recomendaciones para Inmobiliarias
- Implementar protocolos robustos de identificación y verificación de clientes y beneficiarios reales, especialmente cuando se detecten estructuras complejas.
- Adoptar procesos de debida diligencia basados en riesgos, considerando el origen de fondos y monitoreo continuo.
- Evitar pagos en efectivo o a través de terceros, favoreciendo métodos electrónicos rastreables.
- Capacitar al personal en prevención de lavado y financiamiento al terrorismo, alineado con las nuevas disposiciones legales.
- Actualizar manuales internos y sistemas para reporte oportuno a las autoridades competentes.
Prepararse desde ahora permitirá cumplir con la reforma, evitar sanciones y contribuir a la transparencia financiera del sector inmobiliario en México.
